Madrid, 21 de noviembre de 2024.- Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado este jueves que pondrá en marcha un Plan de Protección Social ante el Cambio Climático para reforzar la acción del Estado frente a desastres como el ocasionado por la DANA en la provincia de Valencia. “En un contexto en el que situaciones como estas van a ser cada vez más frecuentes, nuestra acción es ahora más urgente que nunca”, ha afirmado Bustinduy en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido en el seno de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
Este plan, ha explicado el ministro, constará de tres puntos: análisis y diagnóstico de cómo el cambio climático incide en situaciones de vulnerabilidad, refuerzo de los servicios sociales para hacer frente a situaciones como la provocada por la DANA, e incorporación de las medidas de protección social a las acciones puestas en marcha por el Estado contra el cambio climático. “El calentamiento global está agravando las desigualdades estructurales y con este plan vamos a dar una respuesta social a este desafío”, ha asegurado Bustinduy.
"Nuestro deber es configurar un enfoque que esté fundamentado en el estado de bienestar, y que garantice estabilidad y cohesión", ha defendido el ministro para reivindicar que los derechos sociales no deben ser solo una forma de protección ante emergencias sino un “pilar sobre el que construir una economía y una sociedad que sean distintas y mejores”. Por ello, Bustinduy ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas del arco político para dotar a España de los recursos que se necesitan, ha dicho, “para mirar esperanzados hacia el futuro”.
Durante su comparecencia, el ministro ha anunciado que pondrá en marcha un segundo plan: el Plan de Aceleración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Según ha señalado, esta iniciativa estará focalizada en cinco ejes prioritarios:
- Protección social para acabar con la pobreza y la desigualdad.
- Transición justa para abordar la crisis climática y ambiental.
- Derechos laborales para acabar con la precariedad.
- Acción contra la crisis de los cuidados.
- Fiscalidad más justa para garantizar derechos.
Se trata, ha manifestado Bustinduy, de los cincos desafíos más apremiantes en materia de Agenda 2030 que fueron detectaron durante la elaboración del Examen Nacional Voluntario presentado por el propio ministro en la sede de Naciones Unidas durante el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado el pasado mes de julio. “Este Plan de Aceleración nos va a permitir trabajar con todos los niveles de la administración en temáticas concretas y especialmente acuciantes”, ha argumentado.
Además, Bustinduy ha declarado que esta Estrategia incorporará los nuevos avances que surjan de la cooperación multilateral en materia de desarrollo sostenible, y ha puesto en valor el Pacto por el Futuro, adoptado hace tan solo unos meses, para ratificar la importancia del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones -económica, social y medioambiental- como una cuestión central para los 193 países que lo han suscrito. “Ante el preocupante panorama que vivimos a nivel internacional, España debe dar un paso adelante para ser una excepción que avance en derechos y reformule el estado de bienestar”, ha dicho.
En alusión al contexto internacional, y en referencia concreta a los detractores de la Agenda 2030, el ministro ha denunciado que algunos sectores tratan de convertir esta agenda en un “chivo expiatorio” a través de bulos e informaciones que no tienen nada que ver con el contenido real de este plan de acción internacional, ha remarcado. "Negar los problemas es más sencillo que comprometerse a solucionarlos, que es el objetivo de esta agenda", ha añadido.
Por otra parte, Bustinduy ha destacado el “profundo compromiso” de España con la Agenda 2030 así como el trabajo conjunto que se desarrolla en la Conferencia Sectorial y en su órgano técnico entre el ministerio que dirige y los gobiernos autonómicos y entidades locales. Asimismo, ha puesto en valor las reuniones de la Comisión Permanente del Consejo de Desarrollo Sostenible y del Grupo de Trabajo Ampliado de la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030.