El 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos de la persona consumidora una efeméride que promueve la difusión de los derechos fundamentales que asisten a las personas consumidoras de todo el mundo, exigiendo su protección y respeto frente a los abusos de los mercados.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), las comunidades autónomas y el Consejo de Consumidores y Usuarios, se suman a esta celebración a través de una campaña conjunta que, bajo el lema “Tus derechos online”, se dirige este año a informar a las personas consumidoras sobre sus derechos en el ámbito de las compras de bienes y servicios a través de internet.
En la legislación europea existen una serie de normas, reflejadas en el “Código de derechos en línea de la UE”, que protegen a las personas consumidoras durante todo el proceso de realización de la transacción por internet.
Disponer en la vivienda particular de un servicio de conexión a internet “básico, asequible y de buena calidad” y que exista en cada país, como mínimo, un “proveedor universal” que pueda facilitar estos servicios son algunos derechos que aparecen reflejados en el código.
Con respecto a la accesibilidad de las conexiones, el proveedor de internet tiene la obligación de facilitar dispositivos especiales a los usuarios con discapacidades que lo precisen.
Otra buena noticia para las personas consumidoras por internet es que sus datos personales tienen ahora una mayor protección, adquiriendo, entre otros, el derecho a ser informados en el caso de que una empresa disponga de sus datos, a la confidencialidad de sus comunicaciones personales y a no recibir correo basura.
Recibir una información clara y completa antes de concluir un contrato, la posibilidad de devolución de los productos no deseados, y recibir la compra realizada en un tiempo determinado, son otros derechos de las personas consumidoras que se han visto favorecidos a partir del 14 de junio de 2014.
En el caso de que la persona consumidora vea vulnerados sus derechos por internet debe contactar, en primer lugar, con la empresa o proveedor de servicios y, si este se niega a cooperar, el paso siguiente es dirigirse al regulador nacional de proveedores de servicios de internet. Si estas acciones no diesen resultado, se debe dirigir a la autoridad nacional respectiva de protección a la persona consumidora o, si el proveedor está en otro país de la UE, se puede recurrir a un procedimiento alternativo u online de resolución de conflictos. El último recurso es el judicial.
El pasado día 15 de febrero entró en funcionamiento la Plataforma de resolución de litigios de consumo en línea (Plataforma ODR, Online Dispute Resolution) para toda la Unión Europea. Se trata del sitio web interactivo y multilingüe que proporcionará de manera gratuita un punto único de acceso a personas consumidoras y empresas para informarles de la resolución extrajudicial de litigios contractuales derivados de contratos de compraventa o prestación de servicios celebrados en línea
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