- En este Real Decreto Ley se ha incorporado también ayudas directas a la Plataforma del Tercer Sector, al Consejo General de Trabajo Social, y a las protectoras de animales que se hayan visto afectadas.
- En materia de Consumo, Bustinduy ha introducido un artículo que prohíbe a los servicios funerarios ofrecer precios superiores a los vigentes o los anunciados con anterioridad al 28 de octubre de 2024.
Madrid, 11 de noviembre de 2024.- El Gobierno de España ha aprobado este lunes en Consejo de Ministros su segundo Real Decreto Ley dirigido de forma específica a atender la situación de emergencia ocasionado por la DANA. En esta normativa, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incluido medidas presentadas por Pablo Bustinduy que inciden directamente en las áreas que dirige y con la que ha puesto en marcha lo que ha denominado como «Red de protección social» para las personas afectadas por la DANA.
Entre estas medidas destaca una partida de 50 millones de euros que van a transferirse a los ayuntamientos afectados por la DANA para reforzar sus servicios sociales. El objetivo, ha manifestado Bustinduy, es que los servicios sociales dispongan de los recursos necesarios para atender todas las situaciones de pobreza sobrevenida que, según ha dicho, ha generado esta catástrofe y que se van a traducir también en situaciones de privación material y riesgo severos de exclusión social para miles de personas.
Así mismo, el ministro de Derechos Sociales ha incluido, en este Real Decreto Ley, una concesión directa de 5 millones de euros a la Plataforma del Tercer Sector. Esta plataforma representa a cerca de 28.000 entidades en toda España, como Cruz Roja, Caritas, CERMI o Plataforma del Voluntariado, muchas de ellas con implementación en la Comunidad Valenciana. Bustinduy ha señalado que todas ellas, así como las entidades locales, están siendo un actor fundamental en la emergencia para que la ayuda llegue a todos los rincones, por su capacidad de activar y organizar a la sociedad y por su flexibilidad para asegurar la ayuda.
En el Real Decreto Ley se ha incorporado, además, una concesión directa de 700.000 euros al Consejo General de Trabajo Social para el despliegue del Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales en los municipios afectados, donde profesionales de este grupo, especializadas en atender a personas víctimas de catástrofes, ya llevan varios días trabajando, yendo puerta por puerta en las zonas más necesitadas. “Los poderes públicos caminamos siempre de la mano de la sociedad civil organizada”, ha asegurado el ministro.
En materia de Consumo, Bustinduy ha introducido un artículo que prohíbe a los servicios funerarios ofrecer precios superiores a los vigentes o los anunciados con anterioridad al 28 de octubre de este año 2024. De esta manera, argumenta el ministro, se garantiza que toda persona que lo necesite pueda acceder a los servicios de velatorio y ceremonias fúnebres “en condiciones de equidad”, y se continúa protegiendo los derechos que tienen todas las personas afectadas en el ámbito del consumo. “Una tragedia de estas características no puede ser un contexto que dé lugar al beneficio económico de ningún operador”, ha apuntado.
De nuevo en materia de Derechos Sociales, este Real Decreto Ley recoge subvenciones directas de emergencia a protectoras de animales, es decir, a aquellas entidades destinadas a la custodia y cuidado de animales de compañía extraviados y/o abandonados. Es la primera vez en la historia que se aprueban ayudas de este tipo, cuentan con una dotación de 390.000 euros y tienen como objetivo reconstruir las infraestructuras de este tipo que han resultado dañadas en la DANA y que son claves para la atención a animales de compañía y para enfrentar el peligro de salud pública que se ha generado en las zonas afectadas, donde se ha multiplica el número de animales que hay en la vía pública sin ningún control sanitario en un contexto de riesgo epidemiológico infeccioso.
Por otro lado, Derechos Sociales ha introducido en este Real Decreto Ley la flexibilización del plazo para tramitar subvenciones a proyectos de entidades del tercer sector que se hayan visto afectados, tanto en su ejecución como en su justificación, bien porque sus instalaciones hayan sufrido daños, porque haya afectado a sus trabajadoras/es, porque sus plantillas están mermadas o porque han relegado esos proyectos para colaborar con las tareas de emergencia.