Bustinduy, en una reunión con la consejera andaluza de Consumo, ha pedido a la Junta de Andalucía que persiga la oferta ilegal de este tipo de pisos, que no pueden publicitarse sin licencia ni anunciarse como particulares cuando pertenecen a grandes gestoras.
Sevilla, 07 de marzo de 2025.- Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha visitado Sevilla este jueves para reunirse con Rocío Hernández, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. A raíz de este encuentro, Bustinduy ha entregado a la consejera datos recopilados por el ministerio que dirige, a través de la Unidad de Análisis de Consumo, sobre la publicidad online de pisos turísticos en esta comunidad. Según la información aportada por el ministro, se han detectado más de 85.000 anuncios (85.061) de vivienda turística en Andalucía, lo que convierte a esta región en la comunidad con más anuncios de este tipo en toda España. Por esta razón, Bustinduy se ha puesto a disposición del gobierno andaluz para que Consumo ofrezca toda la colaboración y asistencia técnica que permita perseguir la oferta ilegal que se da en Andalucía a través este tipo de anuncios, puesto que, en base al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, una vivienda turística no puede anunciarse como tal si no indica su número de licencia.
En declaraciones a medios de comunicación desde la sede de la Consejería, Bustinduy ha instado a la Junta de Andalucía a perseguir esta oferta ilegal y ha recordado también que la Dirección General de Consumo ya puso en marcha una investigación sobre pisos turísticos que se publicitan de forma online sin indicar el número de licencia, y que abrió un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de viviendas por mantener miles de anuncios que no ofrecían su licencia. “Estamos trabajando para poner orden en el sector y acabar con esta avalancha descontrolada de pisos turísticos que está tensionando el mercado del alquiler y agravando la crisis de vivienda”, ha dicho el ministro.
Además, Bustinduy ha pedido a la Junta de Andalucía que persiga también los anuncios de algunas grandes gestoras de pisos turísticos que se presentan ante los consumidores como particulares, ocultando que son empresas. Estos anuncios, ha explicado el ministro, supondría también un tipo de publicidad ilícita ya que estas grandes gestoras estarían incurriendo en prácticas engañosas como ofrecer información falsa que puede inducir a error a las personas que quieran alquilar un alojamiento. Por ello, ha resaltado que desde Consumo se abrió otro expediente sancionador hace dos semanas por este tipo de prácticas. “Distintos estudios señalan el papel nefasto que están teniendo los pisos turísticos para muchos de nuestros conciudadanos”, ha manifestado, para incidir en la importancia de defender los derechos de las personas consumidoras en este sector, y en la necesidad de que las administraciones públicas trabajen de forma coordinada. Por otra parte, también en relación a la crisis de vivienda, Consumo tiene abierta otra investigación a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos e inquilinas en la gestión del alquiler, como obligar a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, obligar a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o incluir cláusulas abusivas.
Tras su reunión con la consejera, el ministro Bustinduy se ha trasladado a la sede nacional de FACUA - Consumidores en Acción, ubicada en Sevilla, para reunirse con Olga Ruiz y Rubén Sánchez, presidenta y secretario general de esta asociación que lleva más de 40 años dedicada a la defensa de los consumidores en toda España. “Durante todo el tiempo que llevo en el Ministerio, no he dejado de incidir en la importancia que tienen las organizaciones de consumidores y usuarios para tener una democracia que funcione”, ha puesto en valor Bustinduy, incidiendo en que “es fundamental” que organizaciones como FACUA existan “y lleven la voz de los consumidores a todas partes”. Así mismo, el ministro ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se inscriban en las organizaciones de consumidores y para que denuncien ante las autoridades de consumo de sus territorios “cuando se vean en situaciones de indefensión ante prácticas abusivas y engañosas”, y ha añadido que esta es la manera más eficaz de luchar contra las “profundísimas desigualdades” que, según denuncia, atraviesan las relaciones económicas de consumo.