Santa Cruz de Tenerife, 04 de octubre de 2024.- Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha visitado este viernes Santa Cruz de Tenerife para reunirse con su alcalde, Jose Manuel Bermúdez. En este encuentro se ha tratado la situación de la vivienda en la capital tinerfeña a raíz de la iniciativa puesta en marcha por Bustinduy a través de la Dirección General de Consumo para controlar los anuncios de los alojamientos turísticos que operan sin licencia. Esta práctica, ha recordado el ministro, podría suponer una práctica comercial desleal en base a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y, por tanto, podría ser sancionada. Por ese motivo, la Dirección General de Consumo invitó a ciudades y municipios de toda España a sumarse a esta iniciativa por medio de una carta enviada el pasado mes de junio a través de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).
El Ayuntamiento de Santa Cruz ha mostrado su interés por esta iniciativa de Consumo ya que la capital tinerfeña es una de las localidades con mayor afluencia turística en Canarias, que es, a su vez, la segunda comunidad autónoma de España con más plazas turísticas por habitante. “La proliferación de alojamientos turísticos sin licencia está dificultando el acceso a la vivienda de mucha gente, sobre todo de los más jóvenes, y está expulsando de los centros urbanos a cada vez más vecinos y vecinas", ha denunciado Pablo Bustinduy para señalar que los anuncios de este tipo de viviendas son la base “de este negocio que está teniendo un impacto tan negativo en nuestras ciudades”.
En base a datos del Gobierno de Canarias, Tenerife es la isla del archipiélago con más plazas de viviendas vacacionales, con más de 80.000 alojamientos de este tipo. Según analiza Consumo, esto ha disparado los precios del alquiler residencial en Canarias, especialmente en sus dos capitales, donde las viviendas de uso turístico representan más del 70% de todas las plazas que se ofertan como vacacionales, siendo casi el 80% en Santa Cruz (77,4%), tal y como recoge el Instituto Canario de Estadística y el Registro General Turístico.
Esta situación, ha recalcado Pablo Bustinduy, coloca a Canarias entre las comunidades con mayores dificultades para acceder a una vivienda asequible, “y esto requiere de una intervención inmediata por parte de las administraciones públicas”, ha dicho, asegurando que estamos ante una situación de emergencia. Por ello, el ministro ha vuelto a pedir a los gobiernos autonómicos que apliquen la Ley de Vivienda para que diferentes ciudades y municipios puedan declarar zonas tensionadas y, de esta forma, poner límites a los precios del alquiler. Y ha puesto de ejemplo a Cataluña, la única comunidad autónoma que hasta ahora ha aplicado la Ley de Vivienda para declarar zonas tensionadas y cuyo Govern acaba de ofrecer datos que apuntan a una caída de entre el 3% y el 5% en los precios del alquiler en Cataluña desde que se aplica esta norma, hace un año.
“Aplicar la Ley de Vivienda es el primer paso que debe darse, pero no el único”, ha apuntado el ministro Bustinduy aludiendo a las medidas que se negocian en materia de vivienda dentro del Gobierno de coalición para los Presupuestos Generales del Estado. “Los poderes públicos tenemos que ser capaces de garantizar un derecho tan fundamental como el de la vivienda digna. Los barrios son para quienes viven en ellos. Hay que poner orden y acabar con la impunidad del modelo de especulación y pelotazos inmobiliarios”, ha concluido el ministro.
Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Jose Manuel Bermúdez, ha manifestado que “es necesario controlar las plataformas de comercialización de alquiler vacacional para que solamente puedan publicitar los alojamientos legales”, y ha mostrado su preocupación por el hecho de que “una parte importante” de este alquiler vacacional esté copada por viviendas sin licencia.