- Pablo Bustinduy ha destacado también que compartirá con sus homólogos de Consumo en la OCDE “la experiencia pionera y de vanguardia que está llevando a cabo España en la regulación y la prevención de fraudes” dentro de sectores como el transporte aéreo, el comercio electrónico, la publicidad encubierta en entornos digitales o las plataformas de alquiler de vivienda vacacional.
- Así mismo, el ministro ha puesto de relieve las medidas en las que está trabajando sobre el papel que deben asumir las empresas y las personas consumidores en relación a la transición verde y digital y que se van a materializar en la próxima Ley de Consumo Sostenible.
París, 08 de octubre de 2024.- Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, participa este martes en el plenario del Comité de Política del Consumidor (CCP) de la OCDE (Organización para la Cooperación) y el Desarrollo Económico) en su sede de París. Desde la capital francesa, Bustinduy ha reivindicado la necesidad de desplegar una serie de actuaciones “para proteger los derechos de las personas consumidoras cuando son violentados por grandes empresas multinacionales”, y que se tomen medidas para que estas empresas multinacionales “respeten estos derechos, sin que puedan blindarse legalmente usando su poder económico”. Así mismo, ha subrayado las acciones “valerosas” que se han emprendido en los últimos años desde la OCDE en materia de fiscalidad “para garantizar que estas empresas cumplan un mínimo de tributación global en el impuesto de sociedades”.
Bustinduy ha dicho también que compartirá con sus homólogos de Consumo en la OCDE “la experiencia pionera que estamos llevando a cabo en España en materia de regulación y de prevención de fraudes” en sectores como el transporte aéreo, el comercio electrónico, la publicidad encubierta en entornos digitales o las plataformas de alquiler de vivienda vacacional, refiriéndose a las actuaciones que se han puesto en marcha desde el ministerio que dirige y que han desembocado en importantes investigaciones y expedientes sancionadores.
Por otro lado, el ministro ha señalado que los dos grandes desafíos que hay actualmente en el ámbito de Consumo son, por una parte, “hacer una transición climática y digital que sea justa, responsable e inclusiva”, y por otra parte, “democratizar las relaciones de consumo, que actualmente están atravesadas por profundas desigualdades”. Para ello, ha resaltado la agenda de políticas públicas que se ha puesto en marcha desde el Gobierno de España como un punto de partida para aportar soluciones y buscar la colaboración de otros ejecutivos de la OCDE para llevar a cabo regulaciones a nivel internacional.
En lo referido a la transición climática, Bustinduy se ha referido a la próxima Ley de Consumo Sostenible en la que está trabajando para que en España se regule el papel que deben asumir las empresas en esta materia y combatir fenómenos como el greenwashing, o ecoblanqueo. Y ha pedido una regulación internacional sobre esta materia “que permita a las personas consumidoras tener información fiable y suficiente para tomar sus decisiones”, y para evitar, ha apostillado, que la transición verde no sea solo una responsabilidad individual que se traslade a quienes consumen un producto, sino a la generación de normas que permitan reorientar nuestros sistemas de producción, de distribución y de consumo, para transitar hacia una economía “más sostenible y socialmente justa”.
Además, el ministro se ha referido a regulaciones como la prohibición de la obsolescencia programada “para garantizar el derecho de toda persona consumidora a reparar los productos que compra”. Y ha defendido que, en el seno de la OCDE, se genere una capacidad real y efectiva para crear entornos seguros en el sector económico digital. “Hay una enorme expansión de este sector, en el que grandes multinacionales acaparan un gran poder y en el que personas consumidoras están indefensas y en una situación de vulnerabilidad”, ha manifestado Bustinduy para asegurar su intención de construir alianzas internacionales que permitan abordar este desafío. “Las normativas estatales son importantes, pero no suficientes. Necesitamos una normativa internacional, cooperación y una acción conjunta”, ha declarado a modo de conclusión.