Madrid, 06 de noviembre de 2024.- Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha reunido este miércoles con Olga Ruiz y Rubén Sánchez, presidenta y secretario general de FACUA, respectivamente. La reunión, que se ha celebrado en la sede del ministerio que dirige Bustinduy, se ha centrado en abordar medidas para proteger, en materia de consumo, a las personas afectadas por la DANA. A este respecto, el ministro ha querido poner en valor dos medidas referidas específicamente a Consumo que ya ha puesto en marcha desde el Gobierno de España a través del Real Decreto Ley aprobado ayer y que han entrado hoy en vigor con su publicación en el BOE.
En primer lugar, Bustinduy ha destacado que este Real Decreto Ley recoge que las personas afectadas por la DANA podrán ejercer el derecho de desistimiento sin necesidad de documentación desde el 29 de octubre, día de la catástrofe, hasta el próximo 31 de enero de 2025. Durante este tiempo se amplía, por tanto, el período para que las víctimas de las riadas puedan cancelar contratos de bienes o servicios. En segundo lugar, el ministro ha resaltado también que Real Decreto Ley exime a las personas afectadas de cumplir los contratos que sean imposibles de ejecutar por la DANA, como contratos de transporte, por ejemplo, sin que suponga una penalización por cancelación.
“Un desastre natural como este no puede ser, en ningún caso, una excusa para conseguir un beneficio económico”, ha declarado Bustinduy para fijar que, sobre esta premisa, el ministerio que dirige está trabajando para que quien ha sido víctima de la DANA “no sea víctima también de posibles incrementos de precios o prácticas abusivas en una situación de tanta gravedad como la que estamos viviendo”. Por ello, ha querido explorar con los representantes de FACUA vías de acción complementarias a las primeras iniciativas fijadas en el Real Decreto para reforzar la protección de las personas consumidoras en este contexto.
“FACUA es una organización fundamental del movimiento consumerista en España, con la que compartimos el planteamiento de ejercer una defensa y un control democrático de la economía y los derechos en el ámbito del consumo”, ha manifestado el ministro. Así mismo, ha hablado de la necesidad de atender y solucionar “las desigualdades intrínsecas que atraviesan las relaciones de consumo”, y de hacer esta labor de la mano de la sociedad civil organizada. “Ante la posibilidad de que haya episodios como estos que se multiplican, tenemos que tejer una red sólida que proteja y cuide a nuestra sociedad. Creo que esa es la condición de partida para poder construir un estado del bienestar digno de ese nombre para el siglo XXI”, aseguraba Bustinduy.
Por su parte, FACUA ha solicitado más medidas que complementen las aprobadas por el Gobierno de España, y su extensión a otros municipios gravemente afectados por la DANA. Además, Olga Ruiz, presidenta de la organización, ha ofrecido al ministro la colaboración de FACUA para poner en marcha y difundir los mecanismos de información a las víctimas que les ayuden a conocer y ejercer los derechos reconocidos por el Real Decreto Ley.