El secretario general de Consumo y Juego del Ministerio de Consumo, Rafael Escudero, y el comisario europeo de Justicia y Consumo, Didier Reynders, han presidido este lunes en Bilbao la Reunión Informal de Ministros (RIM) de Consumo, cuyos objetivos son impulsar el consumo sostenible y reforzar los derechos de las personas consumidoras durante la Presidencia Española del Consejo de la UE.
La reunión, celebrada en el Palacio Euskalduna, ha tenido como prioridad analizar el desarrollo e implantación del marco estratégico global de actuación de la Nueva Agenda del Consumidor. Desde que se aprobó por la Comisión Europea el 13 de noviembre de 2020, ésta se ha visto sobrevenida por acontecimientos imprevistos como la pandemia provocada por la Covid-19 y la guerra en Ucrania.
La Nueva Agenda del Consumidor estableció 22 acciones en cinco ámbitos clave para proteger a las personas consumidoras y, en especial, a las más vulnerables, sea cual sea el motivo (género, edad, discapacidad, falta de acceso a herramientas digitales…) Entre otras medidas, destacan las dirigidas a empoderar a los consumidores y fomentar su papel activo en la transición ecológica o las relacionadas con la protección de las personas consumidoras en el mundo digital.
Es objetivo de la Presidencia española en materia de consumo avanzar en la implementación efectiva de todas las acciones contenidas en la Nueva Agenda del Consumidor. Para ello, trabaja en estrecha colaboración con la Comisión Europea y con las autoridades de Consumo de los Estados Miembros.
Sostenibilidad para la transición ecológica
En materia de consumo responsable, los representantes europeos de Consumo han analizado tres directivas en curso (la dirigida a empoderar a las personas consumidoras en su papel activo hacia la transición ecológica, la relativa al derecho a reparar y la relativa a las green claims) y han acordado seguir implementando medidas para lograr la neutralidad climática y preservar el medioambiente.
Para ello, se buscará mejorar la información que reciben las personas consumidoras (durabilidad o reparabilidad, por ejemplo) sobre las características de sostenibilidad medioambiental de los productos. Además, se ampliará su protección contra determinadas prácticas, como el ‘blanqueamiento ecológico’ o la obsolescencia prematura, y se garantizará el acceso a una información fiable.
Respecto a la industria, la UE promocionará los compromisos voluntarios de las empresas en relación con el consumo sostenible -más allá y como complemento de las obligaciones legales- y promocionará la reparación de bienes y fomento de la compra de productos más sostenibles y circulares.
Según los resultados de una reciente encuesta del Eurobarómetro, más del 72% de los encuestados cree que debería hacer personalmente más de lo que hace actualmente para contribuir a la transición ecológica y hacer frente al cambio climático. Entre los consultados en la Encuesta sobre las Condiciones de Consumo 2023, el 56% dijo que se había visto influido por consideraciones medioambientales en al menos uno o dos productos/servicios que había comprado en las dos últimas semanas.